El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz muestran su consternación y preocupación por el presunto asesinato de una educadora en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores
Con profundo dolor y consternación, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amistades y compañeras/os de la educadora (integradora social) presuntamente asesinada en el ejercicio de su labor en un piso de menores esta pasada noche en Badajoz (Extremadura). Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y nos solidarizamos con el colectivo de profesionales de la intervención social que ejercen en contextos de menores infractores, que día a día trabajan en condiciones de gran exigencia y vulnerabilidad para garantizar la protección de los y las menores en pisos de cumplimiento de medidas judiciales.
Este suceso evidencia, una vez más, las precarias condiciones en las que las y los profesionales de la intervención social desempeñan su labor en los contextos del sistema de protección y de justicia juvenil. La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas exponen a las profesionales a situaciones de alto riesgo que no pueden ni deben ser ignoradas. Es inaceptable que quienes dedican su vida a la resocialización y protección de menores tengan que hacerlo en un entorno donde su propia integridad física no está garantizada.
En el desarrollo de este ámbito profesional es frecuente que no se facilite la interposición de denuncia de agresión hacia profesionales, limitando la actuación y prevención por parte del sistema de justicia, así como el establecimiento de otras medidas educativas.
En este caso, parece ser que sí existían denuncias previas, no habiendo sido estas suficientes para tomar medidas protectoras. Además, donde ya hay medidas judiciales previas pueden desencadenarse problemas de conducta, incluso graves, por lo que en ocasiones hay que hacer contenciones pues los perfiles de menores atendidos en estos recursos presentan necesidades complejas que requieren de una atención especializada y acorde a las necesidades de atención que precisa. Es importante destacar que la delincuencia juvenil es un factor de desprotección y los menores atendidos, en muchas ocasiones, se encuentran muy dañados a nivel emocional, presentando en ocasiones conductas disruptivas que precisan de una atención especializada acorde a sus necesidades.
La atención a estos menores requiere la dotación de un sistema de atención a menores infractores que responda de forma ajustada, con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el principio rector de la Ley 5/2000 de responsabilidad, siendo la resocialización el objetivo último que debemos perseguir como sociedad. Esto lleva a una necesaria reflexión en cuanto a la existencia de un recurso de mayor contención y que precisa el aumento y el cumplimiento de las ratios profesionales, debiendo poner el foco en la atención y los recursos existentes son muy desiguales territorialmente. En este sentido, se hace necesario contar con una red de recursos equiparable a todo el territorio nacional.
Es importante reivindicar que los y las diferentes profesionales que trabajan con menores en situación de desprotección necesitan un entorno adecuado y seguro para ejercer su trabajo, los y las menores con las que trabajamos tienen unas necesidades que precisan de recursos adecuados desde los/las que atenderles. Advertimos de una necesaria reflexión a las Administraciones públicas que en muchos casos externalizan servicios, siendo la Administración pública la última responsable del cuidado y de las condiciones laborales y de atención que tanto menores como profesionales precisan.
En este sentido, es urgente y necesario que se adopten medidas concretas que refuercen la seguridad en estos recursos, dotándolos de personal suficiente y protocolos efectivos que minimicen los riesgos a los que se enfrentan las profesionales de la intervención social. Asimismo, instamos a las Administraciones públicas a valorar la necesidad de una reforma legislativa que establezca garantías específicas para la protección de estas profesionales, reconociendo la complejidad y el riesgo inherente a su labor.
Desde nuestro compromiso con la justicia social exigimos respuestas inmediatas que eviten que tragedias como esta vuelvan a repetirse. Nos sumamos a las reivindicaciones de todas las y los profesionales que desempeñan sus funciones en pisos residenciales de cumplimiento de medidas judiciales, centros de protección, de acogida inmediata, etc. Necesitamos entornos seguros que cuiden a las y los profesionales para que puedan ejercer su trabajo con las máximas garantías, porque no hay que olvidar que su dedicación y esfuerzo son imprescindibles para construir una sociedad más justa y equitativa.
Reiteramos nuestro apoyo a la familia de la víctima y a sus compañeras y compañeros en este momento de dolor. No podemos permitir que este crimen quede en el olvido ni que se normalicen las condiciones de desprotección en las que trabajan estos y estas profesionales. La seguridad de quienes cuidan y educan ha de ser una prioridad absoluta.
En estos casos, una vez más, demandamos a las Administraciones públicas reconozcan a los y las profesionales de la intervención social como figura de autoridad. Esto garantizaría una mayor protección legal ante agresiones y amenazas, permitiendo que estos actos sean otra figura delictiva y puedan ser considerados delitos de atentado, resistencia o desobediencia, según el Código Penal. A pesar de la falta de regulación general parece razonable esperar que en cada caso concreto en que se produzcan amenazas o agresiones los y las funcionarios deberán contar con esta protección penal. Sin embargo, sigue existiendo un vacío legal para quienes trabajan en entidades privadas contratadas por la Administración, ya que no cuentan con la misma protección. Un buen ejemplo de buena praxis legislativa en esta línea es la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Aragón, que reconoce la autoridad de los profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón.
Exigimos protección. Exigimos justicia.
